El jueves, un juez federal desveló documentos internos del gobierno que arrojan luz sobre cómo la administración Trump dirigió a estudiantes extranjeros pro-palestinos —todos ellos legalmente presentes en Estados Unidos— para su deportación. Ahora sabemos que el caso del gobierno no se basaba en actividades delictivas, sino en las opiniones expresadas. Hay pocas cosas más antiestadounidenses que agentes enmascarados que meten disidentes en la parte trasera de una furgoneta porque al gobierno no le gusta lo que tienen que decir. Pero estos documentos demuestran que fueron solo las opiniones de los estudiantes, y no ninguna actividad delictiva, las que llevaron a esposas y a procedimientos de deportación. La Primera Enmienda significa que el gobierno no puede castigar a los oradores por sus opiniones, pero eso es exactamente lo que está haciendo. Esto no puede ocurrir en una sociedad libre. No puede ocurrir en una América libre. FIRE continuará luchando contra esta flagrante violación de la Constitución en cada paso del camino.

El 6 de agosto, FIRE demandó al secretario de Estado Marco Rubio y a otros, argumentando que las dos disposiciones federales de la ley migratoria utilizadas en su cruzada para deportar a inmigrantes legales por libertad de expresión protegida son inconstitucionales.