El jueves, un juez federal desclasificó documentos internos del gobierno que arrojan luz sobre cómo la administración Trump apuntó a estudiantes extranjeros pro-palestinos —que estaban todos legalmente presentes en los Estados Unidos— para su deportación. Ahora sabemos que el caso del gobierno se construyó no sobre actividades criminales, sino sobre las opiniones expresadas. Hay pocas cosas más antiamericanas que agentes enmascarados arrojando a disidentes en la parte trasera de una furgoneta porque al gobierno no le gusta lo que tienen que decir. Pero estos documentos prueban que fueron las opiniones de los estudiantes, y no ninguna actividad criminal, lo que llevó a las esposas y a los procedimientos de deportación. La Primera Enmienda significa que el gobierno no puede castigar a los hablantes por sus opiniones, pero eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno. Esto no puede suceder en una sociedad libre. No puede suceder en una América libre. FIRE continuará luchando contra esta flagrante violación de la Constitución en cada paso del camino.

El 6 de agosto, FIRE demandó al Secretario de Estado Marco Rubio y a otros, argumentando que las dos disposiciones de la ley de inmigración federal utilizadas en su cruzada para deportar a inmigrantes legales por su discurso protegido son inconstitucionales.