ÚLTIMA HORA: Según se informa, el Departamento de Justicia está investigando a funcionarios electos por criticar las operaciones de aplicación de la ley migratoria de la administración. Si esta es la base de la investigación, es flagrantemente inconstitucional e intolerable en una sociedad libre. El derecho a condenar la acción del gobierno sin temor al castigo gubernamental es la base de la Primera Enmienda. No sería la primera vez que la administración utiliza definiciones ilimitadas e imaginarias de "obstrucción" o "incitación" que no tienen base legal y se topan de frente con límites constitucionales. Las pocas excepciones a la Primera Enmienda se definen por estándares estrechos y exigentes por una razón: evitar que el gobierno ejerza su poder para aplastar la disidencia. Si la crítica a la política gubernamental puede ser reetiquetada como un delito, entonces las protecciones constitucionales pierden sentido y el gobierno se vuelve irresponsable. Ese es precisamente el peligro que la Primera Enmienda pretende evitar, y es una línea que ninguna administración puede cruzar.

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