No podemos dejar que se queden. Los debates sobre la inmigración ilegal suelen centrarse en cuestiones políticas como el bienestar social, la sanidad, la delincuencia, la contribución económica, etc. Eso es una distracción. La democracia es el verdadero problema. El statu quo es que cualquier ciudad o estado que desee mayor poder puede declarar la suspensión de la ley federal e importar millones de inmigrantes ilegales con el propósito de inflar sus votos electorales y su representación en el Congreso. Los argumentos sobre que los inmigrantes ilegales votan directamente en elecciones suelen pasar por alto este punto. Si ofreces a los arquitectos políticos de estas rebeliones un intercambio, amnistía permanente y residencia para todos los extranjeros con un claro acuerdo en que no pueden ser contados para elegir a nuestro Presidente o al Congreso, se negarán rotundamente. ¿Por qué? Porque quienes impulsan esto no quieren que los inmigrantes de países socialmente conservadores de América Latina voten realmente. Quieren votar en su nombre mediante representación censística, de forma similar a como los estados sureños de la época de la Reconstrucción exigían a los esclavos recién liberados. Su situación ideal es un núcleo urbano de ideólogos profundamente alineados que votan con el poder de millones de inmigrantes ilegales, que actualmente valen decenas de votos electorales para congresistas y ocho estados. Hay un suministro prácticamente ilimitado de personas pobres de países pobres que quieren vivir en Estados Unidos y que pueden ser utilizadas para impulsar esta estrategia. Algunos podrían ser positivos para la economía estadounidense, otros no, pero eso es irrelevante: todos contribuirían por igual a un futuro en el que la minoría gobierne la mayoría sin recursos. Recompensar a los estados que se niegan a reconocer la legitimidad de la ley estadounidense garantiza que otros estados usen estas mismas tácticas, aunque solo sea para mantener su propio poder relativo. Acabará con nuestra república.