Sé que añadiría gastos burocráticos, pero creo que los académicos que sean pillados mintiendo al público deberían enfrentarse a algo parecido al examen de acceso a la abogacía y no deberían poder enseñar o trabajar en universidades públicas. Demasiados académicos actúan de forma poco ética y no reciben ninguna resistencia por ello.