Es llamativo cómo, en las discusiones estadounidenses, la legalidad de esta acción se enmarca casi enteramente en términos de la ley interna y la autoridad del Congreso, como si fuera evidente que si es legal en casa, debe serlo en el extranjero. La implicación es que cualquier acusación del Departamento de Justicia es licencia para usar la fuerza.